“Con ello, se les impide trabajar a
pescadores y algueros indígenas, pues se les cierran las puertas de los
lugares donde siempre han ejercido su actividad laboral”, señalan los dirigentes indígenas Ariel León Baciány Francisco Vera Millaquén.
Vía: corpo.jacha.marka.aru@gmail.com
Ariel Leon Bacián, Presidente de la Corporación Aymara Jach’a MarkaAru, y Francisco Vera Millaquén, werkén de la Comunidad Indígena Pepiukelen de Pargua, denuncian que “el
gobierno en conjunto con empresas salmoneras y concesionarios marítimos
encontraron la forma de desactivar la ley lafquenche, lo que impedirá
trabajar a miles de pescadores y algueros indígenas”.
Como es sabido, el año 2008, se aprobó la Ley Nº 20.249,
de 16 de febrero de 2008, que crea la figura jurídica del espacio
costero marino de los pueblos originarios (ECMPO), con el objetivo de
reconocer y preservar el uso ancestral indígena de dichos espacios, sea
económico, laboral, religioso o recreacional.
De acuerdo a Ariel León Bacián, “la
solicitud que hacen las comunidades se presenta en la Subsecretaría de
Pesca, recibe informe de CONADI y la decisión final es de las Comisiones
Regionales de Borde Costero, presididas por el Intendente respectivo.
Pero es del caso que la Subsecretaría debe informar a la Subsecretaría
de Fuerzas Armadas, para que esta paralice la tramitación de las
concesiones de acuicultura y concesiones marítimas, pues de lo
contrario, las solicitudes de la ley lafkenche quedan en segundo orden
de prioridad y Subpesca solicita que se reduzcan a nada".
“Si la comunidad no reduce su
solicitud dejando intactas las concesiones marítimas o de acuicultura,
entonces la solicitud de la comunidad queda en nada, cero, como si nunca
se hubiera presentado”, precisó Francisco Vera Millaquén.
No obstante, Ariel León Bacián, “a
través del caso de la comunidad Indígena Montañas de Apeche, de
Queilen, Chiloé, pudimos descubrir que Subpesca, al mando del
Subsecretario Pablo Galilea, no está informando a la Subsecretaría de
Fuerzas Armadas acerca de las solicitudes indígenas, y por lo tanto,
estas quedan como superpuestas a otras concesiones y pierden su
prioridad. Este hecho es absolutamente ilegal, pues el no informar
provoca que se constituyan las concesiones acuícolas y marítimas, y
luego, la Subpesca acusa a la comunidad de superposición, y con eso los
hacen cargo de un error que es de ellos, no de los indígenas. La
comunidad Apeche corre el peligro de que si no reduce su solicitud, esta
se declarará abandonada, todo por culpa de Subpesca”
Para Vera Millaquén, quien también es miembro pleno de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de la Región de Los Lagos, “esta
es la más brutal violación de nuestros derechos como indígenas, pues
las solicitudes ECMPO se basan en la no discriminación, pues antes se
nos obligaba a disfrazarnos de pescadores artesanales. Pero también se
nos vulnera el derecho de propiedad de los pueblos indígenas a su
territorio ancestral, toda vez que la ley nos reconoce el uso ancestral,
que para el derecho internacional es fundamento de la propiedad por
título nativo”.
Para Ariel León Bacián, “aquí
se vulneran además los derechos a la libertad de culto, el derecho a la
enseñanza, y el derecho a realizar libremente actividades económicas,
todos garantizados por la Constitución. La comunidad Apeche, como muchas
otras, ya no podrá ejercer libremente sus ngillatunes, sus proyectos de
educación intercultural que tenía planeados en el lugar, ni sus
iniciativas turísticas, de pesca y de recolección de algas. Esto es un
etnocidio programado y de responsabilidad del Subsecretario de Pesca
Pablo Galilea”
Ariel León cree que “Esta ley
ya había sido criticada por muchas organizaciones indígenas pues no era
retroactiva, es decir, las ECMPO no desactivaban las concesiones de
acuicultura o marítimas ya constituidas. Ahora tampoco valen para el
futuro, es como si no existiera la ley, pues Subpesca ha tomado como
política de Estado no informar a la Subsecretaría de Marina, y por otro
lado, el Ministerio de Defensa, vía Subsecretaría de Fuerzas Armadas se
hace el ciego”.
Vera Millaquén, por su parte señala que “el
Ministerio de Defensa no puede hacerse el desentendido de esto. El
estado es uno solo, y esta es una corresponsabilidad. El Ministro
Allamand fue el principal opositor a la ley lafkenche, fue el que puso
más obstáculos, más requisitos, estaba realmente en contra de la ley,
por lo que imaginamos que le acomoda mucho esta situación. El Presidente
de la república debe dar una explicación.”
Para León y Vera, “esto es
definitivamente dar y quitar, pues por un lado el gobierno debe cumplir
la ley, pero por otro idea los estratagemas más ingeniosos para que la
ley no se cumpla. Esperamos que los Tribunales de Justicia y la
Contraloría pongan orden, pues vendrá una lluvia de demandas, donde las
comunidades indígenas solicitarán indemnizaciones al Estado por reducir o
desactivar ilegalmente sus solicitudes ECMPO. La pérdida fiscal será
millonaria, pero lo peor es que finalmente se desenmascara la real
voluntad de este gobierno con los derechos indígenas. Ya no nos dejan ni
siquiera trabajar, ni en las labores más tradicionales, ni en las más
humildes. Todo por el valor de la tierra, del mar, que ya no será
nuestro, sino de las salmoneras, cuya mano debe estar detrás de todo
este fraude a la ley”.
Fuente:
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8525