Sebastián López Vergara y Jaime Navarrete Vergara, en El desconcierto. Tomado de Mapuexpress
Así como la izquierda antineoliberal en Chile ha reflexionado y movilizado para terminar con formas de acumulación y desposesión del sistema privatizado de la educación, la salud, las AFP, o la minería, es necesario entender que la continua opresión hacia pueblo mapuche está enmarcada en una política racista neoliberal y de Estado que fue normalizada durante la ocupación militar y colona de 1880 (y décadas posteriores) y re-articulada con fuerza durante la dictadura de Pinochet. Los recientes asesinatos de Luis Marileo Cariqueo y Patricio González Guajardo en Malleco junto al ataque policial a una escuela rural en Temucuicui son la reiteración de esta política racial que desde mediados de los 1973 ha optado por criminalizar cualquier demanda de la nación Mapuche o pueblo Indígena en Chile por mayor autonomía o calidad de vida. Entendemos que es necesario reiterar la eliminación de la ley antiterrorista y la aplicación definitiva del Convenio 169; sin embargo, creemos también que como izquierda antineoliberal debemos acercarnos al conflicto que ha creado el Estado chileno y el mercado global de manera estructural y propositiva. De esta manera podemos comenzar a dibujar caminos antineoliberales que no reproduzcan en la izquierda la histórica exclusión de las demandas de las naciones mapuche, rapa nui, aymara, quechua, y las comunidades afrodescendientes e inmigrantes en el país.
Si hacemos memoria, la Ley Antiterrorista fue aplicada por primera vez contra el fallecido longko Pascual Pichun y el también longko Aniceto Norin durante el gobierno de Ricardo Lagos, por sugerencia del radical Juan Agustín Figueroa, en 2003. El precedente legal y estigma social de tratar de terrorista a toda la sociedad Mapuche ha resultado lucrativo para propietarios agrícolas, empresarios y políticos, puesto que la recuperación de tierras usurpadas por el estado chileno durante la ocupación militar a fines del siglo 19 y nuevamente expoliadas durante la dictadura es periódicamente criminalizada. Por medio del humo legal, militar y financiero, las demandas mapuche por autonomía, territorio y vida digna en Chile son opacadas por el miedo, rechazo, e ignorancia.
