Unos 250 efectivos de la Policía de la Provincia concretaron una orden
judicial en el departamento de Trancas para despejar unas 19.000
hectáreas que son reclamadas por dos terratenientes. No había
información fehaciente sobre heridos o detenidos. Denuncian que la
fuerza del orden violó límites territoriales para proceder en su
accionar.
Fuente: http://www.elsigloweb.com
04/07/2012 | La Comunidad Indio Colalao denunció
que fue desalojada en la tarde de ayer por la fuerza policial tucumana
en la localidad de Base Riarte (Departamento de Trancas, límite con
Salta) tras semanas de resistencia y en medio de una polémica suscitada
por la propiedad de alrededor de 19.000 hectáreas que eran reclamadas
por dos terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela (presidente de la firma
Zanja Honda) y Jorge Posse.
Al cierre de esta edición, se esperaba la confirmación sobre la
existencia de posibles heridos, lesionados o detenidos como resultado
del accionar policial, que respondió a la orden librada por el juez
Francisco Pissa a instancias del requerimiento librado por el fiscal de
Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera. De acuerdo a lo
señalado por integrantes de la comunidad, las fuerzas del orden
arremetieron con disparos al aire y golpes contra quienes impedían que
se concrete el operativo.
Al respecto, es preciso señalar que desde tempranas horas del miércoles
cerca de 250 efectivos (integrados por personal de distintas divisiones
como Brigada de Investigaciones, Montada, Motorizada, Bomberos,
Criminalística y el Grupo Cero) se movilizaron hacia Trancas a bordo de
20 camionetas, tres colectivos y una flota de motos, puesto que el
objetivo fue, desde un primer momento, avanzar en esa zona para despejar
la misma de las ocupaciones por parte de los pueblos originarios allí
radicados y de esa forma concretar la restitución provisoria de los
terrenos en pugna.
Sin embargo, Cinthia Ovejero (vocera de la Comunidad) adujo que, una vez
en el lugar, los encargados del operativo, bajo la promesa de no
incurrir en un desalojo, trataron de consensuar una negociación con los
referentes de la comunidad. Pese a ello, Ovejero indicó que la Policía
quebrantó la tregua y a través de una planificación estratégica, habrían
violado la jurisdicción salteña, para proceder al operativo de
coacción.
Según indicaron los denunciantes, las acciones represivas se
encontrarían motorizadas por parte de los presuntos propietarios de las
tierras en disputa, "quienes comenzaron un plan de expulsión de nuestros
hermanos que allí habitan, manejándose como verdaderos encomenderos en
pleno siglo XXI: matan animales, impiden a nuestros hermanos sembrar,
bloquean el agua de acequia que utilizan para riego y consumo", indicó
Maria Lilia Delgado, Cacica de la Comunidad.
Perjuicios y consecuencias
