La historia de los pueblos originarios de América, en general, no empieza en 1492, sino desde la existencia misma de estos desde hace más 14.800 años. La historia de lucha y resistencia del pueblo mapuche, en particular, se remonta a la invasión del imperio Inca en el 1300 y luego al español desde 1641, año que da cuenta del primer Tratado Internacional de un total de 28 y que fuera obligado a firmar la corona española reconociendo la autonomía política, económica, social y cultural Mapuche con la frontera territorial del río Bio Bio al sur.
El advenimiento de la República de Chile en 1817 no cambió sustancialmente esta configuración territorial del país mapuche hasta el año 1882, fecha en que el Estado acomete el brutal genocidio contra este pueblo originario denominado en su historia oficial como “Pacificación de la Araucanía”. Ello significó concretamente la implantación, a sangre y fuego, de un Estado hegemónico sobre la base de la usurpación y despojo de territorios de un total de 10 millones de hectáreas. La posterior imposición de una estructura política, social económica y cultural implicó la negación y exclusión de la existencia milenaria mapuche en sus propios territorios, conculcando sus derechos políticos, económicos y territoriales que hasta entonces habían sostenido como país mapuche.
A partir de esta invasión, los diversos gobiernos han tenido como finalidad la apropiación y expoliación de sus recursos naturales, encerrando al pueblo mapuche en reducciones y comunidades, decreciendo ostensiblemente el territorio mapuche que actualmente no sobrepasa las 300 mil hectáreas. Los consecuentes efectos devastadores en su sistema de vida social, cultural y político así como la pauperización extrema de las familias se mantienen y sobrellevan hasta la actualidad.
Sobre la base de este proceso histórico de lucha debemos situar la expresión de protesta más dramática y legítima, porque arriesgan en ello sus vidas, que llevan a cabo los cuatro luchadores sociales actualmente en huelga de hambre por más de 74 días; Hector Llaitul, Jose Huenuche, Jonathan Huillical y Ramón Llanquileo. La aplicación de una ley antiterrorista mediante un juicio plagado de irregularidades, con infracción de derechos y garantías procesales y constitucionales, con inconsistencia en sus pruebas y que los ha sentenciado a penas carcelarias de 20 a 25 años, componen la expresión moderna más plausible del objetivo histórico del Estado chileno: exterminar de raíz la protesta social y la demanda política territorial del pueblo nación mapuche.
El Estado chileno, independiente que quien lo gobierne sea la social democracia o la derecha, ha apostado por una política económica neoliberal, disponiendo y concediendo el conjunto de recursos naturales, marinos, forestales, mineros e hídricos subyacentes en los territorios del pueblo mapuche, a los intereses de las empresas nacionales y transnacionales que detentan el poder monopólico. En concordancia con sus intereses, el Estado no ha escatimado en usar toda la dureza de sus aparatos represivos, como la ley antiterrorista aplicada a los huelguistas mapuche, es conociendo y desvirtuando la legítima demanda ancestral de un pueblo que busca recuperar sus derechos políticos y territoriales en el marco de Convenios y Tratados internacionales existentes hoy en día.
El derecho a la vida, el derecho a un debido juicio, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad de los huelguistas mapuche, Llaitul, Llanquileo, Huenuche y Huillical, es hoy día un imperativo moral, social y político que debe ser reconocido y apoyado por todos los sectores que luchan hoy en día en contra de este modelo neoliberal depredador. Derechos que se circunscriben en la lucha ancestral por el reconocimiento de todos los derechos políticos y territoriales del Pueblo-Nación Mapuche.
Nilsa Rain Huentamilla
Relacionadora Internacional
Mapuche en Europa
Fuente: Revista Politika, Año II, Edición Digital Nº4 (1-06.2011)
